PREVENCION RIESGOS LABORALES 2015

BLOG de divulgación de PREVENCION de RIESGOS LABORALES.

Las condenas por seguridad laboral están al mismo nivel que los delitos de maltrato o seguridad viaria

ABTPRL | 16 Agosto, 2011 16:56 | facebook.com google.com twitter.com

DONOSTIA. Tras el reciente fallecimiento de un obrero en el Colegio La Salle-San Luis en Donostia, en una obra en la que se ha denunciado que faltaban las más elementales medidas de seguridad se ha reabierto el debate de los accidentes laborales. Juan Manuel Ramilo reivindica una cultura de la prevención, pero denuncia que, especialmente en tiempos de crisis, se prima lo barato ante lo seguro.

¿Qué criterios emplean para medir la seguridad en una obra?
Parten desde antes del inicio de la misma. Para empezar, el cliente o promotor tiene que designar a unos técnicos, bien sea el redactor del proyecto, del estudio de seguridad, el director de obra o coordinación, según la casuística de la obra. De hecho, estos son los que deben asesorar a ese cliente para llevar. Pero luego ocurre que por intentar abaratar la obra, los clientes renuncian a muchas de sus obligaciones. Se podría decir que prima lo barato frente a lo seguro, lo que se traduce en: me ahorro el documento, el técnico, por lo que la obra me sale más barata ya que contrato al más barato. Esto pasa muchas veces por falta de conocimiento. Por ejemplo, se desconoce que la seguridad laboral está a nivel de fiscalía o de juzgados a la misma altura que los maltratos o la seguridad viaria.


En un accidente como el de La Salle-San Luis, ¿cuáles podrían ser las penas?
Habrá una condena penal. Es más, las penas serán de prisión, aunque estimo que los abogados que defenderán a los responsables del colegio intentarán que la pena sea menor de dos años para que no vayan a prisión directamente. Aun así, habrá condena de prisión e inhabilitación para ejercer de la profesión del que ha contratado al trabajador y habrá una multa económica. Estamos hablando de temas muy serios.


¿Quién sería el responsables al hacer la obra?
Todos son responsables salvo al trabajador que hay que protegerle de sus propias imprudencias. Eso dicen en los juzgados, aunque no lo comparta. Es más vulnerable, pero no puede ser que le des instrucciones y formación y pase de ella. Pero siempre buscamos a un responsables. De hecho, los fiscales y jueces dicen que solo son algunos los responsables de estas cosas. No obstante, el que se dedica a la construcción y tiene sus trabajadores; ha de velar por ellos. La responsabilidad en estos casos suele ser de una falta de cultura preventiva de toda la sociedad. Es muy habitual que se deje hacer y luego se busquen responsables después de que haya ocurrido una cosa así, como la de La Salle-San Luis. Tienes que saber a quién contratas, ya que según a quien contrate las obligaciones se duplican y pueden coger un abanico ingobernable. Pasas de ser promotor a ser contratista.


¿Cuáles son las diferencias entre ser contratista y promotor?
El promotor es el que encarga unos trabajos que no le corresponden y el contratista es en lo que te conviertes cuando pasas a ser el empresario que tiene que velar por los trabajadores. Todos no pueden ser contratistas, como algunos Ayuntamientos (Donostia sí tiene permiso) que se dedican a hacer "chapucillas" entre sus propiedades y que contratan a un autónomo con el riesgo que conlleva si ocurre lo de La Salle-San Luis. No deberían dedicarse a ello y tendrían que buscar a especializada en obras como arquitectos técnicos o aparejadores. Muchos te responderán que ya tienen su servicio de prevención, pero en las obras siempre estamos en estas batallas porque no se puede trabajar de cualquier manera ni ir a lo más barato por ahorrarte una serie de obligaciones. Volviendo al caso de La Salle-San Luis, aquí sí va a haber una clara condena penal por un incumplimiento de obligaciones.


¿Qué relación hay entre crisis y precariedad laboral?
Hemos perdido mucho terreno porque con muchas empresas habíamos conseguido que se pusieran al día a nivel de prevención de riesgos y medidas de seguridad. Pero con la crisis y la competencia que hay a día de hoy prima lo barato ante de lo seguro. Lo barato es lo que algunos sindicatos denuncian (salario, contratar extranjeros, que son más vulnerables, la formación…). Por otro lado, ser obrero es una profesión de riesgo y la formación que hay no es la más adecuada. No hay que dejar trabajar a "cualquiera" con 20 horas de un cursillo en el que ni te examinas, y que encima te permite trabajar en un andamio.


¿La eventualidad eleva los riesgos?
Sí. Desde las bases de la misma sociedad no vemos esos peligros y creemos que esas responsabilidades de seguridad corresponden a otro. Además, hay normas que se cumplen ficticiamente. Por ejemplo, a un trabajador extranjero que no sabe castellano y que va a un cursillo presencial sin examen, se le da una homologación. Yo me lo encuentro en una situación de riesgo, como técnico, y ¿cómo se lo transmites cuando en teoría está formado? Es flagrante. De hecho, no somos conscientes del daño que hacemos. Hay una falta de cultura preventiva en general. Por eso creo que hay que estar bien asesorados desde "gente técnica" (no desde una gestoría de papel), que entienda la construcción y que guíe al cliente.


¿Por dónde pasa la solución?
Debería haber una mejor unificación de normas, ya que las existentes son demasiado liosas y difíciles de controlar. Son realmente infinitas e ingobernables. Tenemos normas UNE que solo son posibles comprándolas y lo peor es que hay criterios de aplicación de normas que son subjetivos e incluso contradictorios entre distintos departamentos de la Administración. Aun así, no está en la Administración vasca; sino en las normas desde Madrid.


¿Cuál debe ser el papel de la Administración?
La Administración es el mayor promotor del Estado, pero tiene menor número de obligaciones y creo que se podría implicar más en ordenar las obras. Además, hay algunas normas que permiten a ciertos promotores ser contratistas. El ayuntamiento de Donostia puede, pero hay muchos ayuntamientos de Euskal Herria de los que tengo serias dudas de que tengan todo legalmente vigente.


¿Y el de los sindicatos?
Si seguimos en la misma sintonía algo está fallando. Los sindicatos deberían aportar algo más que manifestarse y protestar, además de que hay una falta de preparación técnica. Independientemente de que haya que defender al trabajador de sus imprudencias, hay que ir más allá en la formación de los obreros y hay que implicarles más en la cultura preventiva. Todos fallamos en lo fundamental: cumplir las normas, y la cultura preventiva.


¿Y el nuestro?
Yo soy autocrítico. La solución está la conciencia de la ciudadanía. En la prensa siempre se da la misma información de repulsa y lamento. La ley de prevención dice que hay que prever y luego actuar. Creo que hay que insistir. En los mismos periódicos las fotos reflejan situaciones "irrelevantes" (inicio de una obra…) pero al mismo tiempo otras cosas como riesgos (caídas). Mucha gente que entiende de seguridad laboral no dice nada. Además, la sociedad no es consciente y tiene que serlo, ya que tal y como están las leyes y normas no se debe contratar de cualquier manera a la gente; sino que hemos de contratar formalmente.


Las condenas por seguridad laboral están al mismo nivel que los delitos de maltrato o seguridad viaria

de 
Arquitecto técnico de estudios, es también coordinador de seguridad y salud y técnico superior en prevención de riesgos laborales Donostia.
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MADRID: Sentencia incapacidad permanente total.

ABTPRL | 16 Agosto, 2011 07:28 | facebook.com google.com twitter.com

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO SOCIAL Sección Tercera.
... Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por don Wilman Patricio Sánchez Pangay, frente a “Limpiezas Antón, Sociedad Limitada”, “Salazar
Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad Limitada”, “Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61”, “Asepeyo, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 151”, “Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 2”, “Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 2”, “Hidrovinisia, Sociedad Limitada”, “Dorman Servicios Auxiliares, Sociedad Limitada”, “Sercón Servicios Integrales de Limpieza, Sociedad Limitada”, don Sergio O. Gallardo Murillo, “Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 7”, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social y “Contrataciones y Urbanizaciones, Sociedad Limitada”, en materia de incapacidad permanente total, en trámite de revisión de la situación de incapacidad permanente total que tenía reconocida, y, en consecuencia, debemos revocar y revocamos la sentencia de instancia, y con estimación de la demanda, declaramos a don Wilman Patricio Sánchez Pangay en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de albañil, derivada de accidente de trabajo, con derecho a una pensión mensual en cuantía del 55 por 100 de su base reguladora mensual de 1.163,70 euros, o bien de 13.964,10 euros al año, en doce pagas, con efectos desde el 11 de mayo de 2010, más las mejoras y revalorizaciones que legalmente procedan, y debemos condenar y condenamos a “Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 151”, a su abono, sin perjuicio de las responsabilidades legales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, absolviendo a los demás codemandados de las pretensiones frente a los mismos deducidas en demanda.
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VENEZUELA: Sentencian a 7 años de prisión a empleadores por accidente de trabajo

ABTPRL | 16 Agosto, 2011 07:12 | facebook.com google.com twitter.com

El pasado viernes 12 de agosto de 2011 el juez Nelson Alexis García Morales del tribunal quinto de juicio del circuito judicial penal del Estado Aragua, dictó sentencia condenatoria contra los dueños de la empresa “Procesadora Venezolana de Grasas Nacionales (PROVEGRAN)” por su responsabilidad en la muerte de nueve (9) trabajadores en las instalaciones de la empresa el día 18 de agosto del año 2003.
En esa empresa se procesan desechos de animales provenientes de los mataderos (vísceras, huesos, plumas, cachos, etc.), los cuales generan en el proceso de descomposición, gases tóxicos irritantes y asfixiantes cómo el ácido sulfhídrico, (también conocido como sulfuro de hidrógeno), el ácido cianhídrico, nitritos, monóxido y dióxido de carbono; el sábado anterior al nefasto accidente de trabajo, los empleadores por ahorrarse el pago de horas extras, dejaron parte de los desechos acumulados para procesarlos 48 horas después; esto hizo que se produjeran los gases tóxicos que mataron a los 9 trabajadores, por el incumplimiento de las normas básicas de salud y seguridad en el trabajo.
El juicio se inició el 6 de mayo de 2010, durante el mismo se realizaron 36 audiencias, donde declararon más de 50 testigos, expertos y trabajadores; en el transcurso de las mismas quedó fehacientemente demostrado que la muerte de los trabajadores ocurrió por la alta concentración de gases asfixiantes producto de la descomposición de los desechos cárnicos y por tener los trabajadores que evacuar el lodo orgánico que se acumuló en una fosa, con un rudimentario tobo plástico amarrado con una cuerda; al romperse la cuerda y quedar el tobo en la fosa, uno de los trabajadores bajó a buscarlo, desconociendo totalmente que peligro inminente para su vida al bajar a la fosa con una atmosfera cargado de gases asfixiantes; al caer el primer trabajador por el efecto inmediato de los gases, otros 8 trabajadores, en una conducta heroica bajaron a tratar de rescatar a sus compañeros, sufriendo el efecto de los gases y falleciendo por asfixia por la carencia de oxígeno en la fosa.
Ese lunes 18 de agosto de 2003, murieron 9 padres de familia que laboraban como obreros, por la irresponsabilidad de unos patronos que durante 30 años habían violado los derechos más elementales de los trabajadores en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.
El próximo 18 de agosto se cumplirán 8 años del accidente de trabajo ocurrido en esa empresa ubicada en Las Tejerías, Estado Aragua, en el cual perdieron la vida los trabajadores Edgar Guerra Macuare, Luis Enrique Aquino, Elvis Jesús Quintero, Vianny Saúl Ríos, Ciro Alfonso Hernández, José Carrillo, Alberto José Molina, Claudio Delgado y Paul Delgado.
La acusación la terminaron llevando por el ministerio público los fiscales especiales nacionales en materia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales Gustavo Li Chang y Jairo Flores, por la familia Guerra Macuare la acusación la hizo la Sra. Ana Macuare de Guerra, madre del trabajador Edgar Guerra Macuare, asistida por la abogada Hegel Hernández.
La empresa y sus abogados utilizaron todos los argumentos, pretextos y leguleyismos para retardar el juicio penal; por eso es que después de casi 8 años de ocurrido el accidente, es ahora que se dicta la sentencia.
No hay dudas que éste es, hasta ahora, el juicio más importante celebrado en el país en los últimos años por un accidente de trabajo: por el número de trabajadores fallecidos, por el impacto que tuvo en la sociedad y en el mundo de la salud de los trabajadores y por la sentencia que se dictó a los responsables de la tragedia, lo que se convierte en un precedente fundamental para los próximos juicios de este tipo en el país.
Esta sentencia marcará un antes y un después en los juicios por muertes de trabajadores en accidentes de trabajo, por cuando de ahora en adelante se hace evidente que los empleadores o patronos pueden ir presos por incumplir su obligación de brindar condiciones dignas, seguras y saludables a sus trabajadores que minimicen las posibilidad de sufrir accidentes y enfermedades ocupacionales.
Los dueños de Provegran a quienes se les dictó la pena de 7 años de privación de libertad son: Gabrielle Ferri y Mounir Nassif, por homicidio de trabajadores, en tanto a Giancalo Ciavatta y Roberto Ferri que fungían como supervisores directos de la producción les fue dictada una pena de 3 años de prisión para cada uno por homicidio de trabajadores en grado de facilitadores. Esta sentencia  es histórica por cuanto en la sentencia el juez dejó claro que ellos eran los culpables de la muerte de los 9 trabajadores al haber violado las normas más elementales de salud y seguridad en el trabajo.

Sentencian a 7 años de prisión a empleadores por accidente de trabajo

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